El Congreso aprobó hoy por unanimidad la nueva Ley de Puertos con la que el Gobierno ha elevado la competitividad de los puertos españoles de cara a las instalaciones de otros países próximos.

Esta nueva Ley está considerada un pilar sólido de futuro para el sector, al proporcionar la estabilidad jurídica deseada por el grupo para avanzar sobre los pilares de la productividad, la competitividad y la eficiencia

Así mismo aporta una mayor autosuficiencia financiera, más autonomía de gestión y un control económico-financiero basado en criterios de racionalidad y equilibrio, estos son los tres principios que definen el nuevo marco normativo

La ley bonifica la superación de los niveles de productividad actuales y las buenas prácticas ambientales, e impulsa la integración de los puertos en el sistema de transporte y en su entorno socioeconómico

El Sistema Portuario de Titularidad Estatal está considerado un instrumento esencial en la economía española, pues por él pasan el 85% de las importaciones y la mitad de las exportaciones del país, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y unos 110.000 indirectos, y su actividad supone el 20% del PIB del sector de transporte español.

Entre los aspectos más relevantes de la nueva Ley cabe destacar que contempla una mayor libertad tarifaria, ya que las Autoridades Portuarias podrán fijar sus propias tasas, al igual que ocurre con el resto de puertos de Europa y del mundo.

El sistema portuario asume el compromiso de alcanzar una rentabilidad anual del 2,5%, que debe garantizar así su viabilidad económica y financiera.

Además, potencia el atractivo de los puertos para la iniciativa privada, facilitando que las empresas puedan desarrollar actividades vinculadas al transporte y la logística, y mantiene el libre acceso a la prestación de servicios portuarios, garantizando las condiciones de competencia.

Amplía la posibilidad de bonificación para tráficos de especial interés estratégico, e incentiva la competitividad de nuestros puertos en la economía global, y favorece la plena integración de los puertos en el sistema de transportes, para asegurar la conexión de los puertos con las redes viarias y ferroviarias.